El principio de legalidad penal, encapsulado en la máxima latina “Nullum crimen nulla poena sine lege”, es un pilar fundamental del derecho penal moderno. Este aforismo, que se traduce como “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, establece que para que una conducta sea considerada delictiva y sancionable, debe estar previamente definida en la ley.
Orígenes y Evolución
Creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach en 1801, y posteriormente incorporado al Código de Baviera de 1813, este principio tiene sus raíces en el pensamiento ilustrado, y en la obra de Cesare Beccaria. Su adopción refleja un cambio en la concepción del poder punitivo del Estado, pasando de un sistema basado en la arbitrariedad y el absolutismo a uno regido por la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Impacto y Relevancia Actual
En la actualidad, “Nullum crimen nulla poena sine lege”, es más que un principio jurídico; es una garantía de los derechos humanos reconocida internacionalmente. Se encuentra consagrado en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su vigencia es esencial para proteger a los individuos de leyes penales retroactivas y de sanciones arbitrarias.
Implicaciones Prácticas
La aplicación de este principio implica que los legisladores deben redactar leyes claras, precisas y accesibles. Los jueces, por su parte, están limitados a aplicar sanciones que estén explícitamente establecidas en la ley para el delito cometido. Esto asegura que las personas puedan regir su conducta de acuerdo con normas preexistentes y evita la injusticia de las condenas retrospectivas.
El principio “Nullum crimen nulla poena sine lege”, sigue siendo un baluarte contra el abuso de poder y una manifestación del respeto a la dignidad humana dentro del sistema penal.
Su preservación es indispensable para el mantenimiento de un Estado de derecho justo y democrático.
